El sistema electoral no cuenta con los mecanismos necesarios para que pueda identificar los casos de candidatos vinculados al narcotráfico.
Fuentes del sistema electoral consultadas por Perú.21 admitieron que no disponen de instrumentos legales ni logísticos para detectar la infiltración de dinero del narcotráfico en la competencia electoral.
Según un informe que publicamos hoy, hay varios postulantes a los comicios del 3 de octubre próximo que tienen vínculos con la producción de droga y el tráfico ilícito de esta mercancía.
En principio, la supervisión de las fuentes de financiamiento de la campaña está en manos de la ONPE, pero la ley solo le da atribuciones para pedir cuentas a los partidos, no a los candidatos. Y, como señala una fuente de esta institución, “el narcotráfico no financia a los partidos; financia a los candidatos directamente”.
En teoría, los candidatos deben informar a sus agrupaciones sobre el dinero que han recibido como aportaciones para la campaña y sobre el uso que le están dando. El partido, a su vez, lo informa a la ONPE. Sin embargo, muchos candidatos ocultan información o no dicen toda la verdad. Y la ley no establece sanciones para los mentirosos.
El órgano electoral firmó un convenio con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) con el fin de alcanzarle información sobre los financistas sospechosos, de modo que esta oficina la cruce con su base de datos de investigaciones sobre lavadores de activos. Sin embargo, de nuevo, el hilo de la madeja depende de si los candidatos declaran la verdad sobre su financiamiento. Si no lo hacen, no hay manera de descubrir los aportes ilícitos.
En tanto, el analista Jaime Antezana dijo que estamos viendo un hecho sin precedentes, como el ascenso político del narcotráfico. “Históricamente el narcotráfico ha financiado las campañas de candidatos que defendían sus intereses, pero esta vez están buscando representación política directa para legitimar su patrimonio”, refirió a Perú.21.
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